Claroscuro
Los jóvenes en la mira de los encumbrados
El tema central de la cumbre demanda seriedad, audacia y genuinas actitudes de cooperación en la búsqueda de soluciones prontas y efectivas.
Joaquín Samayoa/ Columnista de LA PRENSA GRÁFICA
A solo una semana de iniciarse en San Salvador la reunión cumbre de presidentes y jefes de estado iberoamericanos, es muy oportuno que toda la sociedad reflexione sobre el tema del que se ocuparán exclusivamente por dos días los más altos dignatarios de la región: las necesidades de educación, empleo e integración social de nuestros jóvenes en un mundo que no les está ofreciendo buenas perspectivas de cultivo y realización de sus potencialidades.
Uno de los principales productos de la Cumbre será una declaración, preparada con meses de anticipación, que establece los derechos que los gobiernos de la región les reconocen a los jóvenes. El propósito de elaborar un documento de esa naturaleza es fundamentar el diseño y la ejecución de políticas y programas nacionales y regionales de atención integral a los jóvenes, particularmente a aquellos que se encuentran en situación de riesgo inminente por razones de pobreza, violencia, drogas y escasas oportunidades de empleo.
Muy lamentablemente, nuestro Gobierno ha anunciado que no está dispuesto a firmar esa declaración, argumentando que hay contradicciones entre algunas cláusulas del documento y los preceptos de nuestra Constitución relativos a la pena de muerte y el servicio militar obligatorio. Sin embargo, la razón verdadera podría no tener nada que ver con esas objeciones legalistas, sino con presiones de grupos eclesiales que tienen una visión bastante estrecha sobre los derechos de los jóvenes en el ámbito de la sexualidad.
No sé si existen precedentes, pero me parece embarazoso que sea precisamente el país anfitrión de la cumbre el que se niegue a sumarse al consenso de todos los demás. Si son válidas las razones para abstenerse de firmar el documento, debimos haber puesto mucho más empeño en lograr que se suprimieran o modificaran las formulaciones que nos parecen inaceptables. Pero si las razones expuestas son solo excusas, como parece ser el caso, nos exhibiremos ante el mundo como un país cuyo gobierno es extremadamente dócil ante las presiones de grupos que buscan imponer su visión del mundo a toda la sociedad.
Aparte del polémico documento sobre derechos de los jóvenes, debe reconocerse como un acierto el haber puesto la problemática de los jóvenes como tema central en la agenda de la reunión.
Las precarias condiciones de vida de más de un tercio de los jóvenes latinoamericanos son caldo de cultivo de comportamientos antisociales y constituyen un obstáculo monumental para la seguridad y el desarrollo de los pueblos. Los presidentes y jefes de Estado de América Latina deben otorgarles verdadera prioridad a estos problemas, comprometiéndose a invertir el esfuerzo y todos los recursos necesarios para comenzar cuanto antes a revertir la marginación económica y social de tantos jóvenes.
Las reuniones de mandatarios no deben verse como un mero espectáculo de celebridades pronunciando bonitos discursos y posando para las cámaras de curiosos periodistas locales y extranjeros. Tampoco deben ser una plataforma para que algún líder impertinente exhiba las malcriadezas que tanto agradan a los resentidos sociales. El tema central de la cumbre demanda seriedad, audacia y genuinas actitudes de cooperación en la búsqueda de soluciones prontas y efectivas.
Desde esa perspectiva, la cumbre es mucho más que los dos días de diálogo directo entre los presidentes. La cumbre es una ocasión propiciadora de esfuerzos y reflexiones que ya han realizado y deberán continuar realizando diversas instituciones y organizaciones nacionales y regionales. Entre tales esfuerzos cabe destacar un documento propositivo elaborado entre mayo y septiembre del corriente año por la Organización de Estados Iberoamericanos.
El documento se titula "Metas educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los bicentenarios" y contiene, además de un buen diagnóstico de las carencias educativas regionales, 11 objetivos generales y 27 metas específicas con sus respectivos niveles e indicadores de logro.
Si partimos de las recomendaciones que los especialistas en educación han hecho en las últimas décadas, este documento no contiene mayores novedades en la formulación de objetivos y metas; pero tenerlas a la vista todas juntas, bien razonadas y bien articuladas unas con otras, puede ser muy útil para la formulación de políticas coherentes en cada país. Por otra parte, la identificación de indicadores de logro sí es algo bastante novedoso y muy necesario para un buen monitoreo de los programas.
Nuestro Plan Nacional de Educación 2021 puede enriquecerse considerablemente a la luz de este documento. Los candidatos a la presidencia no necesitan inventar nuevamente la rueda. En materia educativa, cuentan ya con una excelente plataforma para su plan de gobierno.
Escrito por Joaquín Samayoa, publicado en La Prensa Gráfica
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